El Grupo Regionalista subraya que el Consejero de Justicia se niega a entregar los expedientes y la información a los diputados del PR+.

Los regionalistas sospechan que Sacyr ha utilizado el «efecto Panamá» para lograr más presupuesto.

El Partido Riojano exige al Consejero de Justicia que aclare si la empresa adjudicataria del Palacio de Justicia ha logrado modificaciones presupuestarias que han elevado el precio de construcción del Palacio de Justicia. Recuerdan que salió a licitación por un valor superior a los 35 millones de euros y se adjudicó en menos de 25 millones, lo que supuso una baja notable en el presupuesto que dejó fuera a varias empresas riojanas.

La formación regionalista revela que Emilio del Río se niega a facilitar los expedientes de contratación del Palacio de Justicia, así como las modificaciones presupuestarias y de obra en el proyecto inicial. Subrayan que pidieron la información hace meses y Del Río sigue ocultando y obstaculizando el acceso a la información pública a la que tienen derecho los diputados, según recoge el reglamento del Parlamento de La Rioja.

El Presidente y Diputado regionalista, Miguel González de Legarra, ha manifestado que «durante meses resultó extraño ver trabajando solo media docena de personas en el Palacio de Justicia y sospechamos que Sacyr ha actuado de la misma manera que en las obras del Canal de Panamá para lograr más dinero» González de Legarra solicita a Del Río «… que haga públicas las modificaciones presupuestarias a través de los medios de comunicación ya que se niega sistemáticamente a ofrecérselas a los Grupos Parlamentarios»

El Partido Riojano señala que la tónica del Partido Popular es adjudicar las grandes obras a grandes empresas de fuera de La Rioja con el argumento de ofertas económicas muy bajas, contra las que no pueden competir las empresas riojanas, pero luego comienzan los modificados de obra y empiezan a engrosarse los presupuestos hasta superar con mucho el precio que habían ofertado otras empresas riojanas y, en algún caso, hasta el propio precio por el que la obra salió a licitación.

Los regionalistas advierten que están investigando las modificaciones presupuestarias que sospechan se están produciendo y que están elevando en mucho el precio por el que se adjudicó el Palacio de Justicia, que fue de 25 millones de euros. Aseguran que la empresa adjudicataria tiene incluso dificultades para encontrar quién le haga determinados trabajos subcontratados y lamentan que al final vengan empresas de fuera de La Rioja, e incluso de España, a trabajar en una de las obras que más trabajo y actividad económica tenía que generar.

Señalan que el Gobierno de La Rioja está actuando de la misma manera que en el Hospital San Pedro, que tuvo un sobrecoste del 50%, o el Centro Tecnológico de la Fombera, con un sobrecoste de 8 millones de euros; el Palacio de Justicia lleva el mismo camino.