Según esos informes, que no avalan la actuación del Gobierno, los

riojanos tendrían que pagar 160 millones de euros, más de 800 euros por riojano.

Rubén Gil Trincado ha presentado un nuevo escrito para ver las actas ante otra negativa del consejero de Obras Públicas.

El diputado del Partido Riojano, Rubén Gil Trincado, ha presentado un nuevo escrito en el que solicita una vez más que le sean mostradas las actas de la Sociedad del Ferrocarril. Unas actas donde afirma Gil, «se incluyen unos informes que no avalan la refinanciación del soterramiento en Logroño y que demuestran que el Gobierno de La Rioja está engañando a los ciudadanos y no está incluyendo 160 millones de euros que vamos a tener que pagar todos los riojanos hasta 2021 a razón de más de 800 euros por ciudadano, y que Pedro Sanz nos obliga a pagar para salvar a determinadas entidades financieras con muy buenas relaciones con el PP».

El diputado regionalista ha recordado que «la primera fase del soterramiento, realizada por el Partido Riojano, dejaba claro que los bancos cobraban a través de los terrenos y no con dinero. Sin embargo el Partido Popular paga y deja unos terrenos, que ahora mismo tienen un valor bastante menor del que en su día se afirmó».

Desde el PR+ recuerdan que tras muchas llamadas, peticiones, e incluso «obligándonos a ir al registro civil de la comunidad autónoma para volver a realizar la petición, se nos citó para ver las actas el mismo día y a la misma hora en la que se celebraba un pleno en el Parlamento. Esto pone en evidencia que el Gobierno de La Rioja ha hecho todo lo posible para evitar que viésemos esa información pública. Fue el propio consejero el que, en los pasillos del Parlamento, nos afirmó que al día siguiente, 20 de marzo, nos daría una cita para ver las actas públicas de la sociedad Logroño Integración del Ferrocarril».

«Hoy, 23 de abril, seguimos sin tener noticias de esa citación, a pesar de innumerables llamadas, correos y peticiones», ha afirmado Gil Trincado. «El Gobierno de La Rioja oculta estos informes; unos informes que demostrarían la alegalidad de esta refinanciación del soterramiento. Entendemos que el Gobierno de La Rioja nos pone todo tipo de impedimentos, riéndose literalmente de todos nosotros, de todos los riojanos, obligándonos a pagar 160 millones de euros, para que no podamos ver esta información que hoy, nuevamente, vamos a solicitar».