Noticia publicada en Europa Press

El presidente del PR+ Miguel González de Legarra ha considerado este lunes que el acuerdo alcanzado para la refinanciación del soterramiento del ferrocarril a su paso por Logroño es «lesivo» para los ciudadanos y que «tiene trampa», por lo que ha mostrado la intención de la formación de «impedir» su puesta en marcha planteando un recurso administrativo e incluso, judicial.

En una rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por el secretario general regionalista, Julio Revuelta, Legarra ha considerado «de extrema gravedad» el acuerdo, dado a conocer esta misma mañana por la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y el consejero de Obras Públicas, Antonino Burgos.

«El acuerdo tiene una novedad radical sobre lo que había hasta ahora, y es que, a diferencia de lo que se planteaba, Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de Logroño son ahora los que avalan con sus propios recursos presupuestarios la firma de la refinanciación», ha subrayado el presidente riojanista.

A ello ha sumado que «hasta este momento, todo lo relacionado con el soterramiento, se hacía con la participación de toda la sociedad, pero hoy, se ha tomado una decisión deprisa y corriendo, aprovechando el verano, y que se va a aprobar en 48 horas, en un pleno extraordinario y en un Consejo de Gobierno extraordinario, solo en dos días para resolver una de las cuestiones más trascendentales de la ciudad en obra pública«.

Por ello, el dirigente regionalista ha afirmado que «el PR+ va a hacer todo lo posible para evitar que esta refinanciación se realice en los términos anunciados, nos vamos a oponer, porque no podemos compartir que se nos hipoteque a los riojanos en 160 millones de euros más para el futuro, sin ninguna razón que lo justifique«.

«Pedro Sanz ha hecho lo que mejor sabe hacer, que es solucionarles los problemas a los bancos, a costa de los bolsillos de los ciudadanos», ha afirmado Legarra, quien ha señalado que el PR+ va a solicitar «por un lado, los certificados de las instituciones sobre la firma de estos acuerdos; y, por otro, los informes de las intervenciones y de las asesorías jurídicas correspondientes«.

Además, ha hecho especial hincapié en que se va a pedir «la relación nominal de los votos de los concejales y de los consejeros», porque «cualquier acuerdo administrativo lo vamos a recurrir de inmediato, en la medida de nuestras posibilidades, pero también contemplamos la posibilidad de emprender acciones judiciales contra las personas que tomen estas decisiones».

Unas posibles acciones judiciales basadas en que «se trata de un acuerdo lesivo para los intereses generales de los ciudadanos, que hipotecan el futuro de las instituciones y que se toman conscientemente, cargadas sobre el bolsillo de los ciudadanos», unos acuerdos «lesivos», ha insistido, «sobre los que habría responsabilidades personales en quienes los han adoptado».

«Es un acuerdo con trampa para salvar los intereses de los bancos una vez más ante un problema de refinanciación que se resuelve en su beneficio», ha incidido Legarra. Una afirmación suscrita por Revuelta, quien ha recordado que el préstamo suscrito es de 220 millones «del que se ha dispuesto en su mayor parte, y que tenía como garantía el patrimonio del suelo, los aprovechamientos urbanísticos».

A su juicio, «hasta ahora, ante un impago, se podían quedar con el suelo y ya está, pero, desde pasado mañana, si esto es avalado por Gobierno y Ayuntamiento, con 80 millones cada uno, el banco puede embargar las cuentas de ambos ante un impago, porque habría que pagar antes la deuda por el crédito que, por ejemplo, la limpieza, las nóminas de los funcionarios o el servicio de ayuda a domicilio«.

Para Revuelta, «el problema lo tenemos ahora los ciudadanos, porque habremos avalado el pagar de nuestro bolsillo 160 millones de euros», cuando, en sus palabras, «se puede renegociar todo, intereses, plazos, pero no cambiar las reglas del juego para que sean los ciudadanos los que tengan que pagar de sus bolsillos».

«Y el que llegue al año 2021 con déficit, que se prepare», ha advertido Revuelta, para quien «se hipoteca a La Rioja y a Logroño con el pago de esta deuda cuando no era necesario, porque se podía seguir con el mismo préstamo, aunque con otras condiciones, porque había armas suficientes para una muchísimo mejor negociación».