La ausencia del alcalde y diputado Juan Antonio Abad dió lugar a aprobar la moción del PSOE con apoyo del PR+ y los hermanos Álvarez

Al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, le va a llegar la solicitud del Ayuntamiento de Arnedo, presidido por un compañero de bancada suyo en el Congreso de los Diputados, para que retire el anteproyecto para reformar la Ley del Aborto en los términos en los que se ha conocido.

En un pleno singular por las ausencias tanto del alcalde y diputado Juan Antonio Abad -que en el Congreso votó a favor de iniciar su trámite- por motivos personales y del concejal de Hacienda, Pedro Marín, por problemas de salud.

Con el teniente de Alcalde, el concejal regionalista Jesús A. Gil de Gómez, presidiendo la sesión, la Corporación aprobó diversos asuntos de trámite administrativo municipal en relación con la revisión de la calificación de varios puestos de trabajo o la contratación del servicio de ayuda a domicilio. Por igual, aprobó otorgar la bonificación del 95% en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras como las del nuevo colegio La Estación y las reformas de las sedes de la Asociación de Discapacitados de Arnedo (AMAC) y Cruz Roja y dejando en el 50% la que otorga a la construcción de la estación de ITV.

En el turno de mociones, el portavoz socialista, Javier García, lamentó que el Gobierno central popular haya creado un problema que no existía y defendió la retirada del anteproyecto porque «nos oponemos a que un gobierno diga a la mujer lo que debe hacer o no con su cuerpo», además de pedir expresamente el apoyo de los ediles populares a la moción. Sí se lo dieron los concejales Álvarez, no adscritos a grupo, y el regionalista Gil de Gómez. «Nos gusta poder decidir en libertad y que no haya una ley que por ello nos criminalice», afirmó Santiago Álvarez. «Penalizar no solucionará problemas sino que creará problemas de clandestinidad que ya teníamos olvidados», apuntó el socio de gobierno de los populares Gil de Gómez.

La concejal de Salud, María Antonio Pérez Medrano, argumentó el voto popular contra la moción al señalar que es necesario el debate en el Congreso para «consensuar la mejora de puntos de la ley del 2010».